Las principales agencias de calificación son Moodys Investor Service, Standard and Poors Corporation (S&P), Fitch IBCA y Dominion Bond Rating Service (DBRS). 
Notas de las agencias de calificación

Las notas que otorgan se expresan con letras y números y cada una de las agencias lo hace de forma diferente. Se tiene en cuenta el riesgo a largo y corto plazo.
Detrás de estas notas hay un estudio exhaustivo de la situación económica presente y futura de la institución o empresa analizada y calificada.

Básicamente las notas de las tres agencias más importantes se expresan así:

https://www.fgd.es/es/index.html.

CASO 14

ETF

Los mejores ETF para comenzar a invertir
Crece el interés del particular por utilizar fondos cotizados en sus carteras

Hasta hace poco solo los utilizaban los inversores institucionales para diversificar sus carteras, pero cada vez son más los particulares que se interesan por los fondos cotizados, o ETF, en España, siguiendo una estrategia muy consolidada en países como Estados Unidos.
Un interés por parte del particular que “podría beneficiarse de un nuevo empuje debido a la implementación de Mifid 2”. Y prosigue: “Esta directiva pone un gran énfasis en la transparencia y eficiencia en costes, haciendo de los ETF una combinación perfecta para construir soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de los clientes particulares”.

CASO 15

Hedge funds: qué es - Diccionario de Economía - elEconomista.es

ACTIVIDAD 5

El caso AVA
Cuando ya se ha cumplido el décimo aniversario desde que estallara, la Audiencia Provincial de Zaragoza celebra uno de los dos juicios pendientes por el caso AVA. Las cajas, que durante tiempo recogieron apilados los documentos que lo describen, se abrieron para determinar si hubo o no falseamiento en las cuentas de AVA.

Begoña Penón García
31/mar/08 - 21:46
Zaragoza.- El caso AVA estalló el 23 de febrero de 1998, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció la apertura de un expediente a la agencia por la presunta comisión de ocho faltas muy graves. La agencia aragonesa suspendió pagos al día siguiente, provocando unas pérdidas de unos 120 millones de euros, el grueso de los cuales (90 millones de euros) correspondía a la operativa irregular del banco Socimer-Transáfrica, con sede en Bahamas.
Esta quiebra fraudulenta repercutió directamente sobre más de 3.500 inversores. Junto a la suspensión de pagos, los afectados superaron los 10.000, aunque con cantidades menores. En el primero de los juicios relacionados con el caso AVA, que ha comenzado el lunes 31 de marzo en la Audiencia de Zaragoza, se trata de determinar si hubo o no falseamiento en las cuentas de AVA.
“Es una rama separada de la causa de Madrid”, allí se instruye en el juzgado número seis del Juzgado Central de la Audiencia Nacional y todavía no está señalada la vista oral, después de diez años desde que estallara el caso, y se juzga “si hubo irregularidades contables y esas irregularidades contables han servido para llevar a cabo una suspensión de pagos”, explicaba a la entrada el letrado Enrique Trebolle, encargado de representar a Enrique Coronado, consejero delegado de la agencia de valores.
“Tenemos a nuestro favor el informe de interventores judiciales y de jueces de lo civil, que dicen que no hubo ninguna ocultación contable y que, por lo tanto, la suspensión de pagos era correcta y adecuada a derecho”, en todos los casos, los abogados de la defensa solicitan la libre absolución.
Socimer y la responsabilidad de Ernst & Young
Nada más estallar el escándalo, la CNMV remitió el expediente al fiscal, quien promovió una causa penal en la Audiencia Nacional. La instrucción de este caso, iniciada por el magistrado Manuel García Castellón y continuada por su sustituto, Juan del Olmo, ha seguido punto por punto la tesis de la Comisión. Mientras en la Audiencia Provincial de Zaragoza se conoce como caso AVA, en otros foros es referido como caso Socimer.
Algunos consideran que AVA desconocía que los bonos de alto riesgo adquiridos para sus clientes se dejaban previamente en prenda por quien se los vendió a Socimer. En otras palabras que, en lo que se refiere a su implicación en la causa de estafa, fue engañada por el banco de Transáfrica y que actuó siempre por cuenta de sus clientes. Los problemas financieros de la filial argentina de Socimer, Medefin-UNB, fueron el detonante de su actual proceso de liquidación y del vía crucis de 3.500 clientes de AVA.

Los acusados han defendido su falta de intervención en la contabilidad

Así, la actuación de Socimer habría sido supuestamente fraudulenta, lo que posibilitaría la reclamación de penas contra sus responsables y el resarcimiento de su dinero. Mantener esta tesis contra viento y marea ha llevado al Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y al fiscal a no pedir en ningún momento la declaración, ni siquiera como testigo, del socio auditor de Ernst & Young, sancionado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
“Si este juicio pudiera servir para algo, sería para la implicación de Ernst & Young en este caso”, reconoce el portavoz de Adicae, Emilio Pardos. La sanción al auditor, Benicio Herranz, vino por no haber obtenido evidencias cuando auditó las cuentas de AVA. Se indica que debería haber verificado todos los contratos suscritos con los clientes y su adecuación de los mismos a las prácticas llevadas a cabo por la agencia auditada.
La Fiscalía defiende que, si la agencia era la titular de los valores correspondientes a las actuaciones financiadas por Socimer, debería haber sido contabilizada dentro del balance de la sociedad y no en el apartado de “carteras gestionadas”. Asimismo, asegura que el auditor conocía esas operaciones, la existencia de la cuenta global o cuanta ómnibus abierta a nombre de la agencia, la carta que la CMNV envió a AVA en 1997 alertado del riesgo de la misma y la cláusula que impedía endeudar a los clientes, más allá del valor de la cartera gestionada, por lo que considera improcedente que emitiera un informe de conformidad con las cuentas.
Para el Ministerio Público, la actuación de los administradores y otros responsables de AVA, así como del auditor, impidió que los 3.500 clientes, con unas inversiones que superaban los 13.000 millones de pesetas, vieran reconocidos sus derechos. No recibieron los títulos adquiridos, puesto que los tenía retenidos Socimer, en virtud al contrato suscrito entre este entidad financiera y la agencia de valores, y no podía reclamarlos porque la titularidad de la cuenta global era de AVA. Los clientes de AVA no fueron considerados como acreedores en la suspensión ni percibieron cantidad alguna del Fondo de Garantía de Inversiones.
Un proceso que cumple ya diez años
El presidente de Aicar Adicae, Emilio Pardos, critica la demora que está registrando el proceso y el galimatías confeccionado por las defensas, que en esta ocasión han tratado de suspender este juicio en base al principio “non bis in idem”, con el objetivo, según ellos, de evitar duplicar las sanciones, al presumir que se va a pedir la misma indemnización en el proceso que se seguirá en la Audiencia Nacional. Este principio constitucional establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Sin embargo, el presidente de la sala ha rechazado la suspensión, y de la misma manera, no ha considerado que se esté produciendo litispendencia, expresión que se utiliza para señalar que existe un juicio pendiente, entre las mismas partes y sobre una misma materia.
Entre los imputados en Madrid hay sociedades de solvencia como la multinacional KPGM o el grupo suizo André et Cie y el juez ha fijado la responsabilidad social de los implicados en 138 millones de euros.
Asimismo, Emilio Pardo recuerda que la agencia de valores AVA causó uno de los problemas más importantes del mercado financiero español y que la creación del fondo de garantía de inversiones ha sido, en buena parte, resultado de este caso. Este fondo existente en España desde 1998 tiene por función indemnizar a los inversores en los casos de insolvencia de las empresas servicios de inversión y ganó especial protagonismo tras destapar el caso Gescartera, cuya sentencia se conoció recientemente.

En la Audiencia de Zaragoza se celebrará el juicio durante cinco días

La operativa
Según describe el escrito de la Fiscalía, la Sociedad AVA Asesores de Valores, Agencia de Valores S.A., venía actuando desde 1993 como una agencia de valores, inscrita en la CNMV, con las actividades propias de una empresa de servicios de inversión. Podía llevar un buen número de actividades, si bien le quedaba prohibido negociar por cuenta propia con el titular de los valores.
Con parte de sus clientes suscribió unos “contratos de servicios financieros y gestión limitada de carteras”, distintos a los inscritos en el Registro de contratos-tipo de la CNMV. Se trataba de contratos de gestión discrecional de carteras de inversión, con un amplísimo margen de actuación. La entidad quedaba autorizada para disponer de los fondos entregados por los clientes y realizar en su lugar todas aquellas operaciones que guardaran relación con la gestión y administración patrimonial. Podía a su vez llevar a cabo la compra y venta de valores de acuerdo al criterio del profesional, sin ocultar al cliente, y ordenar los cobros y abonos oportunos.
El objeto de las operaciones era la compra de valores de renta fija en mercados emergentes, sobre todo, en Argentina y en Brasil. La mitad de las operaciones de inversión las llevó a cabo con la financiación de Socimer, que retenía en su poder los títulos en garantía hasta que el comprador cumpliera con sus obligaciones. Al mismo tiempo, las obligaciones de Socimer estaban financiadas por otras entidades bancarias internacionales.
Socimer, en base a otro contrato-tipo, podía concluir, sin previo aviso a AVA, el compromiso de financiación en la compra de activos en los mercados emergentes y venderlos en el mercado secundario, a fin de recuperar las deudas contraídas. Si el global no era suficiente, AVA tenía que pagar el importe pendiente, que a su vez acumulaba intereses.
Los títulos adquiridos en las operaciones financiadas iban a nombre de AVA y no de los clientes que habían desembolsado el dinero con el que se habían pagado parcialmente los mismos. Los títulos se incluían en una cartera global abierta en Socimer a nombre de AVA. Una práctica desautorizada por la CNMV por su alto riesgo.
Esta forma de actuar, además, excedía el mandato firmado de los clientes, según estima la Fiscalía, puesto que no constaba que pudiera endeudar, comprometer o gravar el patrimonio, por encima de la suma entregada para la gestión. En este sentido los acusados han negado que se hiciera lo contrario.
En suma, las operaciones llevaron a AVA a una grave situación económica tras la crisis de Socimer, momento en el que la CNMV abrió expediente sancionador por la presunta comisión de diversas infracciones.
https://www.aragondigital.es/articulo/sociedad/el-caso-ava/20080331214600615572.html

1¿Qué era AVA?
2¿Qué entidad pública abrió expediente a la agencia de valores de Zaragoza AVA?
3¿Cuáles fueron las pérdidas que ocasionó a sus clientes?
4¿Cuál fue el número de afectados?
5¿Qué inversión dio lugar al proceso de liquidación de AVA?
6¿Qué empresa auditora ha sido sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ICAC?
7¿Qué asociación defiende los interese de las inversones?

El ´caso AVA´ se cerrará una década después con un pacto indemnizatorio

El 20% de afectados que quedan por cobrar recibirán el 35% de lo que aún se les debe.   Aicar-Adicae cree que la justicia está siendo "ineficiente" con los consumidores.

El ´caso AVA´ se cerrará una década después con un pacto indemnizatorio
23 FEB 2008 3:55

El caso AVA se puede considerar como un claro ejemplo de que no hay justicia que sirva para los consumidores".

Así de tajante es el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Manuel Pardos en el décimo aniversario de este escándalo financiero que se destapó en 1998 y cuyo juicio sigue pendiente de celebración una década después. "Cualquier caso en el que hay consumidores afectados (Forum y Afinsa, Gescartera...) está condenado a pudrirse", añadió. A día de hoy, alrededor del 20% de los más de 10.000 ciudadanos españoles afectados (la mayoría aragoneses) siguen sin recibir lo que invirtieron.
Y todo apunta a que el tramo final de esta estafa se resolverá con un acuerdo entre las partes. De momento, la mayoría de los afectados han aceptado recibir de los presuntos defraudadores entre el 30% y el 36% de lo que invirtieron en su día, una vez cobradas las cantidades que aportó el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain). "El acuerdo va por buen camino", corroboró Pardos. De hecho, la Asociación que preside ha celebrado ya varias asambleas con afectados en Vigo, Zaragoza, Madrid y Vitoria, en las que se ha respaldado el acuerdo en un 99%. "A la fuerza ahorcan", indicó Pardos tras significar que sobre los afectados pesaba la amenaza de demorar todavía más la celebración de la causa, que se encuentra en la Audiencia Nacional. A ello hay que añadir que la mayor parte de los ahorradores que realizaron inversiones en el año 1998 eran ciudadanos de entre 50 y 60 años y desean cobrar. Algunos de ellos, incluso, ya han fallecido. Todo ello se ve agravado más aún por la reducida capacidad de las familias españolas para el ahorro, señala la Asociación.
El escándalo financiero de la agencia de valores AVA es consecuencia, según Aicar, de una legislación "insuficiente e incapaz de controlar los abusos y fraudes que pueden suceden a diario en cualquier chiringuito. No obstante, uno de los logros durante esta década fue la constitución del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) que devolvió a cada inversor hasta un máximo de 20.000 euros por titular (el 80% ya han cobrado el total de lo invertido).
TRAMA DEFRAUDATORIA La trama utilizaba paraísos fiscales (Bahamas). Así, AVA invertía los fondos de sus clientes en el banco Socimer (perteneciente al grupo Transáfrica y controlado por Andre et Cie), que a su vez lo adquiría de otras entidades. Pero de esos bonos no se adquiría el 100% por ninguno de ambas entidades con lo que cuando las entidades propietarias de los bonos amortizaron estos, AVA reclamó el dinero a Socimer quién no pudo devolver esas cantidades.
El procedimiento penal del caso AVA se encuentra preparado para iniciarse la fase del juicio desde hace varios años, pero no puede comenzar porque ni las autoridades judiciales suizas ni las de Bahamas quieren notificar a los liquidadores de los grupos empresariales domiciliados en dichos países que las empresas de dichos grupos son responsables civiles en la causa penal seguida ante la Audiencia Nacional.

La solución para desbloquear las actuaciones judiciales puede ser la aceptación de la oferta económica, realizada por el liquidador de SIBL en Bahamas, complementada con otra posterior presentada por KMPG, Andre et Cie y Socimer, que una vez aceptada por los perjudicados y ratificada judicialmente permitiría que los afectados recuperasen en torno a un 30-36% de lo que les queda por recuperar.
https://www.elperiodicodearagon.com/economia/2008/02/23/caso-ava-cerrara-decada-despues-47950566.html
8¿Cuál es la opinión de Manuel Pardos, presidente de ADICAE?
9¿Qué es el Fondo de garantía de depósitos (anterior FOGAIN)?